Con motivo del centenario de la llamada “Ley Calles” que puso límites a la vida de la Iglesia y sometió el ministerio de los sacerdotes al control del Estado en México, los obispos de este país han difundido un mensaje, titulado “Callaron las campanas de los templos, habló su sangre”, que lleva como subtítulo “Memoria de nuestros mártires, libertad religiosa y construcción de la paz”.
La ley entró en vigor el 31 de julio de 1926 y como recuerdan los obispos mexicanos, “ante la imposibilidad de ejercer libremente el ministerio”, sus predecesores decidieron suspender el culto público en todos los templos del país. “Al amanecer del 1.º de agosto de 1926 México despertó sin misas públicas: los templos quedaron abiertos y silenciosos, custodiados por los propios fieles. Se abría así uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia”, explican.
El texto rinde homenaje al testimonio de los mártires que murieron perdonando a sus verdugos y subraya que aprendieron “a un precio altísimo” que “la libertad religiosa no es un privilegio del clero, sino un derecho de toda persona humana, y que su negación siempre termina costando sangre”.
México aún no puede garantizar la libertad religiosa
Aunque reconocen las reformas legislativas y los pasos positivos que se han dado desde entonces, denuncian que hoy “la libertad religiosa en México aún no es plena”. Según los obispos, “persisten restricciones que no corresponden a una democracia madura”, citando por ejemplo los “límites al ejercicio ordinario del culto fuera de los templos, la imposibilidad de que las asociaciones religiosas accedan a concesiones de radio y televisión, restricciones a la libertad de los padres para elegir la educación religiosa de sus hijos ante la imposición de modelos educativos sin consenso, y una actitud de la clase política que no ha asimilado la nueva cultura constitucional de la libertad religiosa permaneciendo en un clima de desconfianza e impidiendo que los creyentes defiendan y vivan en el ámbito público sus convicciones”.
Pero denuncian que es “más grave aún cuando el Estado permite que el crimen organizado se convierta en un gobierno paralelo que controla territorios, donde se anulan todos los derechos humanos: secuestra, extorsiona, asesina, deforma la conciencia de los jóvenes. Ese clima de violencia generalizada afecta a toda la sociedad y también impide que algunas comunidades vivan libremente su fe. La sangre de sacerdotes asesinados en el ejercicio de su ministerio —entre ellos nuestros hermanos jesuitas de Cerocahui, el padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, y otros más— nos dice que la lista de los testigos no se cerró en 1929”.
Una preocupación que coincide con los resultados del Informe sobre Libertad Religiosa 2025 publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) que denuncia específicamente un aumento de la discriminación religiosa en México a causa del crimen organizado. “Sacerdotes han sido asesinados por denunciar la violencia o negarse a colaborar con grupos armados”, asegura el estudio.
Solo entre 2023 y 2024 fueron asesinados tres sacerdotes, y hubo cinco casos de agresión con agravantes. A lo largo de todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, fueron asesinados diez sacerdotes y otros diez fueron víctimas de violencia. En ese mismo periodo se registraron cerca de 900 episodios de extorsión como secuestros, robos o intimidación contra miembros de la Iglesia católica, y una media de 26 ataques y profanaciones semanales a lugares de culto.
El Informe apunta que actualmente, “ante la falta de acción del Estado, en las zonas dominadas por el crimen organizado, los líderes religiosos alzan su voz contra la violencia y asumen el papel de protectores de sus comunidades. Esto los convierte en objetivos para imponer el miedo y el silencio a los habitantes de los pueblos, lo que a su vez permite a los grupos criminales seguir traficando con armas y drogas”.
La promoción y la defensa de la libertad religiosa constituyen uno de los pilares fundamentales de la labor de ACN, y la fundación respalda a los obispos mexicanos en su llamamiento al Gobierno. Actualmente, ACN mantiene activa una campaña de recogida de firmas titulada «Protejamos el derecho a creer: un llamamiento mundial por la libertad religiosa», dirigida a líderes de todo el mundo, con el fin de reforzar la protección y la promoción de este derecho humano fundamental. El texto completo de la petición puede consultarse aquí, y también puede firmarse aquí.
– Javier Martínez-Brocal
