La libertad religiosa va más allá del derecho de acudir a un templo o practicar un culto. Está estrechamente vinculada con la libertad de conciencia, que protege la posibilidad de creer, no creer, cambiar de religión y vivir de acuerdo con las propias convicciones sin sufrir discriminación, amenazas o violencia.
Este derecho vuelve a colocarse en la agenda internacional este 22 de agosto, con la conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias.
Para Julieta Appendini Morán, directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en México, la fecha plantea una cuestión que trasciende el ámbito religioso: qué ocurre con una sociedad cuando una persona puede ser agredida por aquello que cree o piensa.
El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025, elaborado por ACN, coloca a México en la categoría de “discriminación”, la segunda de tres clasificaciones utilizadas por el estudio: intolerancia, discriminación y persecución.
Appendini explica que esto significa que la libertad religiosa existe dentro del marco legal, pero no siempre puede ejercerse plenamente debido a restricciones, amenazas, desigualdad o violencia.
“No hablamos de un Estado que prohíba una religión, sino de un entorno donde ejercer la fe puede tener consecuencias graves para quienes la viven o la representan públicamente”, explica Julieta Appendini.
Crimen organizado y libertad religiosa en México
La particularidad mexicana está relacionada, de acuerdo con el informe citado por Appendini, con la presencia del crimen organizado.
Amenazas, extorsiones, asesinatos y agresiones contra sacerdotes y otros líderes religiosos, ataques o robos en parroquias, profanaciones y presiones para guardar silencio forman parte de las expresiones señaladas.
Sin embargo, Appendini hace una precisión: “No toda agresión contra un sacerdote o líder religioso tiene necesariamente como única motivación atacar una religión”.
En México, la violencia puede cruzarse con el control territorial, la extorsión, el narcotráfico y los conflictos por la tierra. La afectación a la libertad religiosa aparece cuando la labor de una persona dentro de su comunidad se convierte en motivo de riesgo.
“Cuando un sacerdote o un líder religioso se convierte en un obstáculo para ese control porque acompaña a su comunidad, defiende a las personas vulnerables o denuncia la violencia, su misión pastoral puede convertirlo en un objetivo”, afirma.
No todas las afectaciones llegan a las estadísticas. Appendini identifica a sacerdotes amenazados o extorsionados, religiosos, catequistas y laicos que trabajan en territorios con presencia del crimen organizado, además de familias, personas desplazadas y comunidades que modifican su vida ante el temor.
“El miedo también es una forma de violencia, aunque no siempre aparezca en las estadísticas”, advierte la directora de ACN México.
Una comunidad bajo amenaza, explica, puede dejar de denunciar, guardar silencio o modificar incluso la manera en que vive y expresa su fe. “Los medios tienen la responsabilidad de visibilizar”.
Para Appendini, la defensa de estos derechos implica responsabilidades compartidas. Al Estado le corresponde proteger, investigar los delitos y combatir la impunidad; las comunidades religiosas deben acompañar a las víctimas; la sociedad, no normalizar la violencia.
A los medios les atribuye una responsabilidad particular: visibilizar, contar las historias y darles contexto para evitar que las víctimas desaparezcan de la conversación pública.
La directora de ACN propone además mirar las agresiones más allá de la estadística criminal: ante el asesinato o amenaza contra un líder religioso, considera necesario preguntarse qué función desempeñaba en su comunidad y si su acompañamiento, defensa de personas vulnerables o denuncia de la violencia pudo estar relacionado con la agresión. “No estamos defendiendo solamente una creencia”
Según los datos del informe citados por Appendini, 62 de 196 países analizados registraron violaciones graves a la libertad religiosa, que afectan a más de 5 mil 400 millones de personas. Para la directora de ACN, la dimensión del problema confirma que la libertad religiosa no es una cuestión exclusiva de creyentes.
“Si hoy permitimos que alguien sea atacado por lo que cree, mañana será más fácil aceptar que alguien sea atacado por lo que piensa”, explica Appendini.
De ahí que la conmemoración del 22 de agosto plantee una cuestión que alcanza a toda sociedad democrática: garantizar que una persona pueda creer, no creer y actuar conforme a su conciencia sin ser violentada. “No estamos defendiendo solamente una creencia; estamos defendiendo la libertad de la persona”, concluye Appendini.
Una petición global por la libertad religiosa
Por primera vez en su historia, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una petición global para pedir a los gobiernos y organismos internacionales la protección efectiva del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
“¿Por qué esta petición? Porque el derecho a creer —o a vivir según las propias convicciones— está en declive en 62 países y afecta a miles de millones de personas. Durante los últimos 25 años, ACN ha documentado cómo la persecución religiosa destruye comunidades, alimenta conflictos y obliga a millones de personas a huir.
Ahora, más que nunca, la libertad religiosa debe ser defendida y protegida en todo el mundo. Te invitamos a firmar la petición en: WWW.ACNINTERNATIONAL.ORG/PETITION o escaneando el código QR, porque: “La libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio”.
– Entrevista retomada de la Red Católica – Cepcom
