ACN.- (ACIPRENSA) China impondrá nuevas restricciones a grupos, organizaciones, reuniones y otros eventos relacionados a la religión a partir del 1 de febrero.
Los medios estatales del país anunciaron la nueva política el 30 de diciembre, después de que las autoridades chinas se movieran para reprimir aún más a los católicos en la Arquidiócesis de Fuzhou que se niegan a unirse a la Asociación Patriótica Católica China (CPCA por sus siglas en inglés).
De acuerdo a UCA News, las nuevas “medidas administrativas para grupos religiosos”, que consisten en seis secciones y 41 artículos, controlarán todos los aspectos de la actividad religiosa dentro de China y exigirán que todas las religiones y creyentes en China cumplan con las regulaciones emitidas por el Partido Comunista Chino, que debe ser reconocida como la autoridad superior.
“Las organizaciones religiosas deben adherirse a la dirección del Partido Comunista Chino, observar la constitución, leyes, reglamentos, ordenanzas y políticas, al principio de independencia y autogobierno, a las directivas sobre religiones en China, implementar los valores de socialismo”, señala el artículo 5 de las nuevas políticas.
En el artículo 17 se establece que “las organizaciones religiosas deben difundir los principios y políticas del Partido Comunista Chino”, también requieren que “el personal religioso y los creyentes apoyen el liderazgo del Partido Comunista Chino, el sistema socialista, y sigan el camino del socialismo con características chinas”.
Otros artículos en las nuevas medidas establecen que las organizaciones religiosas “deben establecer un sistema de aprendizaje” para capacitar a los empleados en la alineación con las políticas del Partido Comunista Chino, y también requiere que las autoridades gubernamentales participen en la selección de oficiales religiosos.
El artículo 34 establece que “sin la aprobación del departamento de asuntos religiosos del gobierno popular, o el registro en el departamento de asuntos civiles, no se pueden realizar actividades en nombre de los grupos religiosos”. Esto significa que “iglesias en el hogar” o cualquier forma de iglesias clandestinas son ilegales.
Durante décadas después de la revolución comunista en China, la Iglesia Católica “clandestina” existió en plena comunión con Roma, al igual que la Asociación Católica Patriótica China, patrocinada por el estado, obispos consagrados elegidos por las autoridades gubernamentales y existieron en un estado de cisma.
En septiembre de 2018 se anunció un acuerdo provisional entre Beijing y los funcionarios del Vaticano, destinado a unificar la Iglesia clandestina y la CPCA. Si bien los términos del acuerdo se han mantenido confidenciales, el informe da al CPCA el derecho de elegir una lista de candidatos para obispo, de los cuales el Papa hace una selección.
Desde el acuerdo, las iglesias clandestinas y los obispos en China han sido objeto de una campaña coercitiva para alinearse con la CPCA. El Gobierno ordenó el cierre o la destrucción de algunas iglesias por no unirse a la asociación con el Estado.
En la Arquidiócesis de Fuzhou, ubicada en el sureste de China, el Gobierno clausuró más de 100 iglesias desde agosto de 2019. La represión comenzó después de que solo cinco miembros del clero asistieron a una “conferencia de capacitación” patrocinada por el Departamento de Trabajo del Frente Unido y Oficina de Asuntos Étnicos y Religiosos.
Las iglesias católicas en la ciudad de Fuqing se cerraron con llave y se instalaron cámaras de vigilancia para mantener alejados a los feligreses. Fuqing es la ciudad natal del P. Lin Yuntuan, quien era el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Fuzhou.
Según la publicación de Bitter Winter, el Gobierno ve al P. Lin como una “figura carismática e influyente” que impide la fusión de la Iglesia clandestina con la CPCA.
Un sacerdote de Fuqing le dijo a Bitter Winter que el Gobierno está apuntando a lo que han llamado “sacerdotes rebeldes” en la provincia que se niegan a unirse al CPCA.
Otros sacerdotes han dicho que tienen prohibido reunirse entre ellos y están sujetos a hostigamiento constante por parte del gobierno.
Con información de ACIPRENSA.
